Los datos reportados en el presente informe evidencia la vulneración constante de los derechos de la niñez, prueba de ello son los indicadores de salud que siguen presentado graves problemas en cuanto a la atención oportuna de la niñez y adolescencia. Es preocupante el alto porcentaje de niños(as) que fallecen debido a enfermedades como la diarrea y la neumonía.
Se observa la falta de políticas reales para que todos y todas tengan acceso a la educación; de igual forma no existen políticas orientadas a disminuir la emigración de la niñez y adolescencia, evidenciando la ausencia de políticas de prevención integrales para reducir el problema de las maras o pandillas juveniles.
La inversión social sigue siendo uno de los rubros de menos crecimiento e inversión, tal como se refleja en el presupuesto del país, a pesar que las campañas publicitarias del actual gobierno enfatizan el “sentido humano y social del gobierno” Se percibe un interés del Estado por incrementar las penas a los menores infractores, mientras que por el contrario existe una displicencia por profundizar las averiguaciones que involucren a funcionarios medios o superiores de la Policía Nacional Civil en los grupos de exterminio.
Podemos enfatizar que persiste violaciones graves a los derechos de la niñez y que no hay un compromiso y voluntad política de todos los órganos del Estado por garantizar los derechos de este sector: niños(as) y adolescentes.
La inversión social sigue siendo uno de los rubros de menos crecimiento e inversión, tal como se refleja en el presupuesto del país, a pesar que las campañas publicitarias del actual gobierno enfatizan el “sentido humano y social del gobierno” Se percibe un interés del Estado por incrementar las penas a los menores infractores, mientras que por el contrario existe una displicencia por profundizar las averiguaciones que involucren a funcionarios medios o superiores de la Policía Nacional Civil en los grupos de exterminio.
Podemos enfatizar que persiste violaciones graves a los derechos de la niñez y que no hay un compromiso y voluntad política de todos los órganos del Estado por garantizar los derechos de este sector: niños(as) y adolescentes.
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